martes, 28 de mayo de 2013

Plan del Buen Vivir Idea Principal

Cuando en enero de 2007 iniciamos la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, «Plan para la Revolución Ciudadana», no partimos de cero. La propuesta de cambio, definida en el Plan de Gobierno que el Movimiento País presentó a la ciudadanía, en el marco de su participación electoral de los años 2006, 2007, 2008, trazó ya los grandes lineamientos de una agenda alternativa para el Ecuador.
Ahora, nuestro desafío es su consolidación. Por ello, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana, para la construcción de un Estado plurinacional e intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y los ecuatorianos.
Al igual que aquel Plan que rigió el anterior período de gobierno, el Plan 2009-2013 recoge y busca concretar las revoluciones delineadas en el proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana. Dichas apuestas de cambio también fueron orientaciones para el proceso constituyente de 2008, que finalmente se plasmaron en el nuevo pacto social reflejado en la nueva Constitución de la República del Ecuador. Tales revoluciones son:
  1. Revolución constitucional y democrática, para sentar las bases de una comunidad política incluyente y reflexiva, que apuesta a la capacidad del país para definir otro rumbo como sociedad justa, diversa, plurinacional, intercultural y soberana. Ello requiere la consolidación del actual proceso constituyente, a través del desarrollo normativo, de la implementación de políticas públicas y de la transformación del Estado, coherentes con el nuevo proyecto de cambio, para que los derechos del Buen Vivir sean realmente ejercidos. Para esto, es indispensable la construcción de una ciudadanía radical que fije las bases materiales de un proyecto nacional inspirado por la igualdad en la diversidad.
  2. Revolución ética, para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el control social, como pilares para la construcción de relaciones sociales que posibiliten el reconocimiento mutuo entre las personas y la confianza colectiva, elementos imprescindibles para impulsar este proceso de cambio en el largo plazo.
  3.  Revolución económica, productiva y agraria, para superar el modelo de exclusión heredado y orientar los recursos del Estado a la educación, salud, vialidad, vivienda, investigación científica y tecnológica, trabajo y reactivación productiva, en armonía y complementariedad entre zonas rurales y urbanas. Esta revolución debe concretarse a través de la democratización del acceso al agua, tierra, crédito, tecnologías, conocimientos e información, y diversificación de las formas de producción y de propiedad.
  4. Revolución social, para que, a través de una política social articulada a una política económica incluyente y movilizadora, el Estado garantice los derechos fundamentales. Esta política integral, coherente e integradora es la que ofrece las oportunidades para la inserción socioeconómica y, a la vez, para fortalecer las capacidades de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos de atención prioritaria, con el fin de que ejerzan libremente sus derechos.
  5. Revolución por la dignidad, soberanía e integración latinoamericana, para mantener una posición clara, digna y soberana en las relaciones internacionales y frente a los organismos multilaterales. Ello permitirá avanzar hacia una verdadera integración con América Latina y el Caribe, así como insertar al país de manera estratégica en el mundo.
 Las propuestas contenidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, plantean importantes desafíos técnicos y políticos e innovaciones metodológicas e instrumentales. Sin embargo, el significado más profundo del Plan está en la ruptura conceptual que plantean los idearios del Consenso de Washington y con las aproximaciones más ortodoxas al concepto de desarrollo.
 En este sentido, el Buen Vivir, parte de una larga búsqueda de modos alternativas de vida que han impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, demandando reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social.
 El Buen Vivir, es por tanto, una apuesta de cambio que se construye continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar una visión más amplia, que supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo paradigma económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva una estrategia económica incluyente, sustentable y democrática. Es decir, una visión que incorpore a los procesos de acumulación y (re)distribución a los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado.
Asimismo, el Buen Vivir se construye desde las posiciones que reivindican la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo en tanto la actividad humana realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos (Guimaraes en Acosta, 2009).
Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la igualdad y la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida.
Sabiendo que la definición del Buen Vivir implica estar conscientes de un concepto complejo, vivo, no lineal, históricamente construido y que por lo tanto estará en constante resignificación, podemos aventurarnos a sintetizar qué entendemos por Buen Vivir: «la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un ser humano universal y particular a la vez— valora  como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros— entre diversos pero iguales— a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido» (Ramírez; 2008: 387).
Esta ruptura conceptual que proponemos tiene orientaciones éticas y principios que marcan el camino hacia un cambio radical para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática. Las orientaciones éticas se expresan en cinco dimensiones: la justicia social y económica, la justicia democrática y participativa, la justicia intergeneracional e interpersonal, la justicia transnacional y la justicia como imparcialidad.  A su vez, propone desafíos que se pueden sintetizar en:
  • Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad.
  • Reconocer al ser humano como ser gregario que desea vivir en sociedad.
  • Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de convivencia.
  • Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación de las capacidades  humanas.
  • Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la naturaleza.
  • Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa.
  • Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadores.
  • Reconstruir lo público.
  • Profundizar la construcción de una democracia representativa, participativa y deliberativa.
  • Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico.
La ruptura conceptual con el concepto de desarrollo y el modo de Estado se plasman en una estrategia de largo plazo que busca construir una «biópolis eco-turística», cuyo desafío es concretar un nuevo modo de generación de riqueza y (re)distribución post-petrolera para el Buen Vivir.
Este nuevo modo define, para la primera fase de su aplicación durante el período 2009-2013, doce estrategias de cambio:
I. Democratización de los medios de producción, (re)distribución de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de organización.
II. Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir.
III. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales.
IV. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana.
V. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación.
VI. Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la información.
VII. Cambio de la matriz energética.
VIII. Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía sostenible.
IX.  Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia.
X. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento al turismo comunitario.
XI. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización.
XII. Poder ciudadano y protagonismo social.
Con estos fundamentos, el Plan aterriza en lo concreto y propone una lógica de planificación a partir de los siguientes 12 grandes objetivos nacionales para el Buen Vivir, los mismos que ya fueron planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y que ahora son actualizados bajo parámetros que se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco constitucional.
En consecuencia, los objetivos actualizados del Plan Nacional para el Buen Vivir son:
Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.
Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.
Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.
 Este Plan no es concebido como la suma de partes y elementos dispersos. Tiene una mirada integradora, basada en un enfoque de derechos que va más allá de la entrada sectorialista tradicional, y tiene como ejes la sostenibilidad ambiental y las equidades generacional, intercultural, territorial y de género. La armonización de lo sectorial con los objetivos nacionales supuso un gran esfuerzo de coordinación y articulación interestatal para conjugar la problemática, las políticas y las visiones sectoriales con los grandes intereses nacionales.
 Para propiciar esta articulación, la formulación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se sustentó en un proceso de diseño de agendas sectoriales, consideradas como instrumentos de coordinación y concertación sectorial, las cuales representan un esfuerzo de definición de políticas, estrategias, programas y proyectos que ejecuta cada gabinete sectorial de la Función Ejecutiva. Las agendas y políticas sectoriales brindan coherencia a las propuestas de gestión pública con respecto a las disposiciones constitucionales, los objetivos del Buen Vivir y la planificación operativa, lo que determina un flujo de articulación entre las orientaciones programáticas de mediano plazo y la gestión institucional efectiva.
La concertación sectorial no es suficiente cuando se requiere articular las distintas visiones y condiciones de los territorios y sus poblaciones, con el objeto de fortalecer su integración y mejorar las condiciones de vida de las y los ecuatorianos. Pensar el territorio como el espacio de concreción de la política pública y, a su vez, a las dinámicas territoriales como elementos sustantivos para la planificación pública, es una apuesta y además un gran desafío para el proceso de planificación. Se trata de un proceso de doble vía, en el que la planificación local alimenta y nutre a la planificación nacional y viceversa, como parte de un proceso de construcción de un nuevo tipo de Estado policéntrico. Así, en 2007 el Ecuador impulsó un Plan Nacional de Desarrollo en el cual la perspectiva territorial se incorporó a partir de los planes provinciales.
Para el período 2009-2013 la Estrategia Territorial Nacional constituye una de las principales innovaciones del Plan en tanto incorpora al ordenamiento territorial e identifica las principales intervenciones y proyectos estratégicos en los territorios. También el Plan incluye la desagregación y territorialización de indicadores que sirven de sustento para el diseño de políticas públicas en función de la diversidad propia del país.
De igual manera el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, refuerza la articulación entre la planificación nacional y territorial al identificar las dinámicas y particularidades específicas para la formulación de políticas públicas. El proceso de formulación de agendas para las siete zonas de planificación, permitió identificar las necesidades de las poblaciones relacionadas a las cualidades, potencialidades y limitaciones de los territorios, así como desarrollar una propuesta de modelo territorial en el que se expresan los lineamientos para el uso del suelo y las intervenciones estratégicas articuladas a una propuesta nacional.
Todo este nuevo esquema de planificación nacional también implica un sólido proceso participativo. En este contexto, la formulación del Plan para el Buen Vivir 2009-2013 responde a un proceso sostenido de consulta que inició con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Se caracteriza por la diversidad de actores que formaron parte del mismo, a través de veedurías ciudadanas a la ejecución de políticas, grupos focales, consultas ciudadanas, tanto a nivel nacional como territorial, así como también el diálogo y la concertación con los actores sociales e institucionales.
Es particularmente importante resaltar la organización de Talleres de Consulta Ciudadana con énfasis en la articulación del Plan en los territorios.  Estos talleres se realizaron en Esmeraldas,
Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo, Cuenca, Loja, Latacunga y Tena; adicionalmente, se   realizaron dos talleres nacionales en Quito y Guayaquil para analizar los alcances a los objetivos, políticas y lineamientos de acción pública. Por sus especificidades territoriales, ambientales y culturales, se organizó un taller en Galápagos, y otro con pueblos y nacionalidades en la ciudad de Baños. En los talleres participaron más de 4.000 representantes de la sociedad ecuatoriana organizados en más de 85 mesas de trabajo que permitieron discutir tanto los objetivos nacionales cuanto las estrategias territoriales.
Para asegurar la incorporación de los aportes ciudadanos a los contenidos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, se diseñó una metodología de facilitación y sistematización asociada a los lineamientos nacionales. Así, en cada mesa de trabajo se discutieron las políticas de cada objetivo nacional agrupadas en cada uno de los componentes de la Estrategia Territorial Nacional. De esta manera se indujo a la reflexión de las orientaciones nacionales desde las realidades zonales. Los resultados de los procesos participativos fueron difundidos a través de las fichas de sistematización de cada taller publicadas en el sitio web creado para el efecto.
Adicionalmente, se organizaron eventos masivos en espacios públicos que permitieron la difusión de los contenidos del Plan Nacional para el Buen Vivir entre la ciudadanía, realizados en las plazas públicas de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Manta. Como aporte a la discusión sobre prioridades de la sociedad ecuatoriana, y particularmente de la ciudadanía no organizada, se aplicaron sondeos de opinión a más de 5.000 personas, con el objeto de recoger las distintas opiniones de ciudadanos y ciudadanas respecto al significado del Buen Vivir, así como de acciones relevantes para el próximo período de gobierno.
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se estructura en torno a nueve secciones. La primera de ellas presenta el proceso de construcción del Plan Nacional, el cual se caracterizó por su sustento en la Constitución de 2008 y por ser profundamente democrático y ampliamente participativo. A continuación, la sección dos despliega las orientaciones éticas y programáticas, las cuales subyacen y guían el proceso actual de transformación. En tercer lugar, se muestra el sentido de cambio desde el paradigma del desarrollo a uno nuevo del Buen Vivir.
La cuarta sección aporta un diagnóstico crítico sobre los procesos económicos, sociales y políticos que han caracterizado al país en las últimas décadas, así como una lectura analítica de los que fueron los primeros 31 meses de gobierno. De la mano del diagnóstico, se proponen, en la quinta sección, las transformaciones necesarias para alcanzar, en el mediano plazo, un nuevo modo de acumulación y (re)distribución para el Buen Vivir. Ello da paso a una sección en la que se evidencian las 12 estrategias nacionales para el período 2009-2013; es decir, para la primera fase de la transformación que propone la quinta sección.
En la séptima sección, se desarrollan los contenidos de los 12 Objetivos Nacionales para el
Buen Vivir, los cuales han sido actualizados en función de los contenidos constitucionales, los resultados de la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2009, las agendas y políticas sectoriales y territoriales, las acciones e inversiones públicas y los aportes ciudadanos. En los 12 Objetivos Nacionales se definen políticas y lineamientos de política necesarios para la consecución de metas que permitan hacer un seguimiento de los resultados logrados por el
Gobierno. Validadas por las instituciones ejecutoras, estas metas rompen con las inercias burocráticas e institucionales, y muestran el compromiso del Gobierno Nacional para cumplir con su propuesta de transformación.
La octava sección, como una de las innovaciones más importantes del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, incluye la Estrategia Territorial Nacional, misma que identifica y territorializa las principales intervenciones y proyectos estratégicos nacionales. Como anexo complementario a la Estrategia Territorial Nacional, se incluye una primera versión de las agendas zonales. Estas agendas constituyen un aporte para un proceso de discusión ampliado, en el que progresivamente y en función de procesos de la información y la planificación territorial se brinde sustento para el diseño de políticas públicas adecuadas a la diversidad propia del país.
El Plan, en su novena y última sección, incluye el desarrollo de criterios para la asignación de recursos a través de la formulación del Plan Plurianual de Inversiones Cabe resaltar que la planificación y priorización de la inversión pública es acompañada de un proceso de análisis, validación y jerarquización de programas y proyectos articulados a las estrategias de mediano plazo y a las políticas definidas en cada objetivo.
El Plan Nacional para el Buen Vivir es una herramienta flexible y dinámica, también disponible en formato magnético, que, además de los contenidos antes descritos, recopila todos los resultados de la participación en las mesas de consulta ciudadana e incluye información adicional al propio Plan, con miras a garantizar su actualización permanente conforme se van formulando políticas complementarias. Esta herramienta incluye además una opción de visualización geográfica y desagregación de indicadores a fin de proporcionar a los gestores de políticas públicas instrumentos que, de primera mano, les permitan realizar proyecciones de cobertura y ver los impactos que podrían tener sus programas en el territorio, tomando en cuenta la sostenibilidad ambiental y las equidades de género, generacional, intercultural y territorial.
Finalmente, es necesario recalcar que el Plan Nacional para el Buen Vivir es un primer paso para la construcción del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, que tiene como finalidad descentralizar y desconcentrar el poder para construir el Estado Plurinacional e Intercultural. En este afán, y siguiendo las disposiciones constitucionales, el
Plan Nacional para el Buen Vivir deja abiertas las puertas e invita a la construcción de 14 Planes de Vida de los diferentes pueblos y nacionalidades del país, así como a la elaboración del Plan de la circunscripción territorial especial de la Amazonía. De la misma forma, y en el marco de sus autonomías, recomienda a los gobiernos autónomos descentralizados la articulación con este Plan y la actualización de sus instrumentos de planificación y prioridades de intervención territorial.
El «Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013», ha sido elaborado a través de la orientación técnica y metodológica de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en coordinación con los equipos técnicos de los distintos Ministerios y Secretarías de Estado y sobre todo con los aportes de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. La aprobación del Plan en el Consejo Nacional de Planificación constituye un hito en la aplicación de la Constitución, así como también para la consolidación de la democracia participativa.

viernes, 24 de mayo de 2013

Perfil del Auditor

¿Qué es Auditoría, enfoque integral?




La Auditoría Integral es un proceso único de evaluación, en el que participan especialistas de diversas disciplinas, de tal modo que la variedad de técnicas que se pueden aplicar es muy amplia. 
La propia naturaleza fomenta la creatividad e innovación de los auditores integrales, lo que a su vez promueve la generación de múltiples ideas y enfoques que pueden ser aplicados.
Se define como la evaluación multidisciplinaria, independiente y con enfoque de sistemas, del grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una organización, de la relación con su entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de proponer alternativas para el logro más adecuado de su s fines y/o el mejor aprovechamiento de sus recursos.
Las Normas de Auditoría Integral proveen tanto guías generales como específicas que, junto con los procedimientos para su implantación, establecen orden y disciplina en la conducción de la función y, consecuentemente, dan lugar a auditorías completas y efectivas que presentan hallazgos y recomendaciones respaldadas y útiles.
La metodología tiene como propósito señalar los procedimientos recomendados al auditor integral para que lleve a cabo su auditoría en forma ordenada y con una secuencia congruente de actividades.


PERFIL DEL AUDITOR.
Principal (Multidisciplinario)

Las características de un auditor constituyen el elemento principal dentro de un proceso de auditoría, ya que sobre el auditor recaen todas las responsabilidades de la auditoria, ya sea conceptualizarla, practicarla, y ademas lograra todos los resultados necesarios para proponer medidas para elevar el desempeño de la organización  Es recomendable apreciar algunos de los siguientes niveles de formación, referente al perfil de un auditor:

  • Formacion académica:Estudios a niveles  tecnicos, cualquier gradoen informatica, ingenieria en sistemas drecho…..

  • Formacion Complementaria: Instruccion en la materia obtenida a lo largo de su vida profesional a traves de conferencias, talleres, seminarios, foros o cursos

  • Formación Empirica: Conocimiento resultante de la implementación de auditorias en diferentes, con o sin contar con un grado académico.

HABILIDADES:


Las habilidades y destrezas que pueda tener un auditor, harán que consiga desenvolverse con naturalidad dentro de su trabajo y sepa enfrentar con mayor facilidad obstáculos que se encuentre a la hora de desarrollar su trabajo. Entre esas habilidades que deben tener se pueden nombrar las siguientes:

  • Actitud positiva

  • Saber escuchar

  • Mente analitica

  • Capacidad de negociacion

  • Iniciativa

  • Facilidad de trabajaren equpo

  • etc….

COMPETENCIAS:

La ejecucion del trabajo en un auditor, puede estar destinado como auditor interno o externo. El auditor interno se encuentra como parte de la organizacion en gestion, y en donde tendra un papel importante ya que debera ser capaz de responde retos de acuerdo a la vision de la organizacion. En el caso de un auditor externo su participacion es valiosa ya que tiene una apreciacion objativa  de los hechos ademas de estar limitados en el tiempo de realizacion de la auditoria

COMPORTAMIENTO DEL AUDITOR:

  • Formacion y Capacidad Profesional

  • Independencia, Integridad y OBjetividad

  • Diligencia Profesional

  • Responsabilidad

  • Secreto Profesional

Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas.

Estimados Compañeros, pongo a disposición el Código Orgánico de planificacion de Finanzas Públicas, y un breve análisis del mismo. 


http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8e4bf9c1-f1c7-429d-be70-91290d896504/C%C3%B3digo%20de%20Planificaci%C3%B3n%20y%20Finanzas%20P%C3%BAblicas

Resumen y Análisis del Código.

El proyecto tal y como está presentado reafirma y aumenta el rol que el actual Gobierno le atribuye al Estado sobre la economía. Esto se contradice con los conceptos de descentralización y autonomía que son expuestos dentro del mismo código, como también en otros como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Asimismo, el concepto de sostenibilidad y transparencia fiscal podría quedar solamente como enunciados.  

1. De la sujeción a la planificación y la sostenibilidad fiscal  
Se establece que el presupuesto debe estar sujeto al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
La razón está en que el Plan Nacional de Desarrollo es realizado bajo un esquema que busca satisfacer lo que el actual Gobierno ha denominado “derechos que el Estado debe garantizar”. Esto es educación, salud, agua, alimentación, vivienda digna, hábitat,  trabajo y cultura. Probablemente el presupuesto tendrá que enfrentar grandes déficits, lo que lo encaminaría a un mayor endeudamiento.
La sujeción obligatoria del presupuesto a la planificación central, entonces, estaría llevando a la economía del país hacia la una desestabilización fiscal que al final obstruye la vía hacia el desarrollo.
Pareciera que los artículos 280 y 293 de la Constitución son suficientes.    

2. Sobre la Regla Fiscal  
La Regla Fiscal es un instrumento que se utiliza para mantener la disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica. A través de una Regla Fiscal eficiente, se puede limitar a las autoridades a cargo y así obtener un manejo sostenible de las finanzas públicas. De este modo, se podría asegurar un nivel de deuda sostenible a mediano plazo, facilitar el manejo contra-cíclico de la política fiscal, facilitar la coordinación en el manejo de la política económica, entre otras cosas. Además, se mejora la imagen política y financiera del país y se gana confianza en los mercados, lo cual en conjunto se verá reflejado en el bienestar general de la población.  
Contrario a esto, el artículo 90 del código establece como única Regla Fiscal que “(…) los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes”. El problema que presenta esta regla es que no es aplicable para la consecución de ninguno de los puntos antes expuestos. No ayuda a un adecuado manejo del endeudamiento. Al  no esclarecer ni limitar el uso de los recursos, el déficit es inminente, y por lo tanto el manejo de la deuda. No ayuda al manejo contra-cíclico de la economía, es decir, promover el ahorro en tiempos de auge y el “desahorro” en épocas recesivas. Al contrario, esta regla presenta grandes riesgos de inestabilidad fiscal, manejo irresponsable de los recursos, y un sistema insostenible en el tiempo. Todo esto, debido a la discrecionalidad que esta regla introduce en su aplicación al no especificarse cuales rubros se incluyen en la categoría de permanentes.  
Se propone establecer una Regla Fiscal clara que limite el gasto gubernamental y las capacidades de las autoridades para el manejo de los recursos. Además, que presente consistencia entre la evolución del gasto conforme a los ingresos. La condición de que sea contra-cíclica es necesaria, puesto que el ahorro es indispensable para el desarrollo y crecimiento de los países. Sin ahorro no se puede garantizar bienestar en épocas de recesión, y más importante, sin ahorro no puede haber inversión. Sin embargo, es preciso mencionar que en el año 2008 la Asamblea Nacional Constituyente promulgó de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal con la cual se eliminaba la anterior regla fiscal que establecía:  
1) El gasto primario del Gobierno Central, entendido como el gasto total excluidas las asignaciones destinadas al pago de intereses de la deuda pública interna y externa, no se incrementará anualmente en más de 3.5 por ciento en términos reales determinados considerando el deflactor implícito del Producto interno Bruto
2) El déficit resultante de los ingresos totales, menos los ingresos por exportaciones petroleras y menos los gastos totales, se reducirá anualmente en 0.2 por ciento del PIB hasta llegar a cero. 
Esta regla contribuía a que el presupuesto del Gobierno pierda gradualmente la dependencia de los ingresos petroleros y al mismo tiempo el que disminuya el tamaño del Estado en la economía. Sin embargo la eliminación de esta regla y de la existencia de los Fondos Petroleros contribuyeron a que por el contrario las finanzas públicas se vuelvan cada vez más dependientes de los ingresos petroleros y el Estado expanda su presencia en la economía.  
Sin embargo, la sola existencia de las reglas no garantiza su cumplimiento por parte del Ejecutivo, dada la actual injerencia de este en los distintos órganos de control y planificación. Para esto haría falta una correcta fiscalización por parte de la Asamblea Nacional al momento de tratar la aprobación del Presupuesto de todo el Sector Público No Financiero, sin descartar la elevación de la regla fiscal a nivel constitucional.    

3. Sobre el límite de endeudamiento  
No existe una regla clara que establezca cuánto debe ser el endeudamiento de los países. No obstante, sí hay pautas que es necesario sean tomadas en cuenta al momento de establecer dicho límite. A nivel internacional hay mucha disparidad en cuanto a las deudas de los países en relación a la producción. Chile, por ejemplo, tiene una relación deuda/PIB del 42.8%; Estados Unidos, del 54%; Perú, 24%; Singapur, 95%; y así hay países con muy altos y bajos niveles de endeudamiento. Todo depende de la situación de las economías y de qué tan buenas son las condiciones y garantías.  
El código propone hasta el 50% de deuda en relación al PIB, cantidad de deuda que con las actuales condiciones económicas desencadenaría una desestabilización fiscal. Una clara manera de ejemplificar esta situación es revisando las condiciones en las que se ha contraído deuda en el último año. Los préstamos con China por ejemplo fueron firmados a una tasa del alrededor 7%; los préstamos con el IESS a 6.5% en promedio; mientras que con los organismos multilaterales al 3% como máximo. Las altas tasas de interés demandadas se justifican con el alto riesgo crediticio del país. La calificadora  Fitch otorgó un “CCC” a los bonos ecuatorianos; mientras que Moody’s y Standard & Poor’s, “CAA3” y “B-“ respectivamente. Todas, calificaciones de muy alto riesgo. Chile por su parte posee una calificación de AA3.  
Es evidente cómo el Ecuador no es bien visto por los inversionistas o grandes prestamistas, razón por la cual exigen más intereses para garantizar su dinero. El resultado, financiamientos a costos elevados que tendrán que ser asumidos por las generaciones futuras.  
Actualmente el ratio Deuda/PIB del Ecuador es de alrededor 20%, dado este nivel y el actual entorno económico, jurídico e institucional inestable y riesgoso, se propone reducir al máximo el límite propuesto, de ser posible a un ratio máximo del 25% como límite.    

4. Sobre la modificación del presupuesto  
En el artículo 127 del código se le otorga al Ministro de Finanzas la potestad de modificar, ya sea para incrementar o disminuir, el presupuesto aprobado por la Asamblea. El límite de esta modificación es de hasta el 15% de lo aprobado.  
Esta situación es especialmente contraria a cualquier definición de responsabilidad fiscal. Atenta además a la sostenibilidad y transparencia de la que tanto se habla en el código. La modificación del presupuesto incluso después haber sido aprobado, sería un indicador de inestabilidad en las cuentas del Gobierno, ya que podría hallar su explicación en algún gasto no previsto o agregado deliberadamente con fines políticos, debido a la discrecionalidad de la que gozaría el Ejecutivo para realizar el incremento respectivo  
Ante esta situación, y con miras en la responsabilidad y estabilidad fiscal esta facultad no debería proceder. El Presupuesto General una vez aprobado, es decir, que este acorde a las reglas fiscales instauradas, no debería ser modificado sino solamente ejecutado.    

5. Sobre el Sistema Único de Cuentas del Tesoro Nacional  
El Artículo 170 establece un sistema de cuentas unificado que estará formado por los recursos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, las subcuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las cuentas de la Seguridad Social, las cuentas de las empresas públicas y por las cuentas de la banca pública. Con esto, el Estado contaría con una gran cantidad de flujo de efectivo que estaría a su disposición para ser utilizado como bien le parezca.  
Este artículo además de que permite el uso deliberado de estos recursos, atenta contra la independencia de cada una de estas instituciones, en especial de la Seguridad Social y la Banca Pública que son las que mueven grandes flujos de efectivo, y más aún de la Seguridad Social, ya que es dinero de los ecuatorianos depositados como previsión para el futuro.  
En este sentido, es necesario que esta disposición sea corregida y defina a los recursos de cada una de estas entidades como independientes y autónomos a fin de salvaguardar los recursos y evitar el uso discrecional de los mismos sea cual sea el fin.  

6. Sobre el uso del encaje bancario para compra de deuda  
Dentro de las disposiciones generales, la octava instaura la posibilidad de que las entidades y organismos del sector financiero puedan realizar depósitos de encaje bancario en forma de papeles de deuda hasta en un 75%. Este hecho atentaría contra la seguridad del dinero de los depositantes en los bancos puesto que el encaje bancario sirve para garantizar en cierta forma el dinero que éstos le han confiado a la institución en la cual lo depositaron.  
Dado que el dinero del encaje, no pertenece al Estado sino que son recursos privados, el uso del mismo para financiar al gasto público resulta totalmente inaceptable. Tema aparte, la inseguridad de los papeles del Estado mencionada en el numeral 3.  
Ante esta agravante, la propuesta es la eliminación de esta disposición general.    

Tal y como se mencionó al principio, el Código de Planificación y Finanzas Públicas lejos de encaminar al país hacia el desarrollo y crecimiento de la economía, compromete seriamente el destino de la misma. Esto, no solamente porque refleja y anuncia un uso no muy claro de los recursos con lo que cuenta el Estado, sino que además pretende utilizar los de fuentes privadas, como lo son el encaje bancario y el dinero del IESS.  
Para el desarrollo económico son necesarias la estabilidad y sostenibilidad tanto económica como fiscal. Esto se consigue a través de reglas fiscales eficientes y adecuadas que dirijan el aparato estatal de manera discreta y transparente. Además, es necesario el respeto y la garantía de la propiedad privada, requisitos sin los cuales no existe seguridad.  
Finalmente, una economía en la que se garantice todo lo anteriormente expuesto podrá ofrecer un entorno jurídicamente seguro e institucionalmente sólido en el cual se cuente con toda los requisitos para el crecimiento económico real y sostenible en el tiempo.