Cuando en enero de 2007 iniciamos la
construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, «Plan para la
Revolución Ciudadana», no partimos de cero. La propuesta de cambio,
definida en el Plan de Gobierno que el Movimiento País presentó a la
ciudadanía, en el marco de su participación electoral de los años 2006,
2007, 2008, trazó ya los grandes lineamientos de una agenda alternativa
para el Ecuador.
Ahora, nuestro desafío es su
consolidación. Por ello, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013
plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y
radicalización del proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana, para
la construcción de un Estado plurinacional e intercultural y finalmente
para alcanzar el Buen Vivir de las y los ecuatorianos.
Al igual que aquel Plan que rigió el
anterior período de gobierno, el Plan 2009-2013 recoge y busca concretar
las revoluciones delineadas en el proyecto de cambio de la Revolución
Ciudadana. Dichas apuestas de cambio también fueron orientaciones para
el proceso constituyente de 2008, que finalmente se plasmaron en el
nuevo pacto social reflejado en la nueva Constitución de la República
del Ecuador. Tales revoluciones son:
- Revolución constitucional y democrática, para sentar las bases de una comunidad política incluyente y reflexiva, que apuesta a la capacidad del país para definir otro rumbo como sociedad justa, diversa, plurinacional, intercultural y soberana. Ello requiere la consolidación del actual proceso constituyente, a través del desarrollo normativo, de la implementación de políticas públicas y de la transformación del Estado, coherentes con el nuevo proyecto de cambio, para que los derechos del Buen Vivir sean realmente ejercidos. Para esto, es indispensable la construcción de una ciudadanía radical que fije las bases materiales de un proyecto nacional inspirado por la igualdad en la diversidad.
- Revolución ética, para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el control social, como pilares para la construcción de relaciones sociales que posibiliten el reconocimiento mutuo entre las personas y la confianza colectiva, elementos imprescindibles para impulsar este proceso de cambio en el largo plazo.
- Revolución económica, productiva y agraria, para superar el modelo de exclusión heredado y orientar los recursos del Estado a la educación, salud, vialidad, vivienda, investigación científica y tecnológica, trabajo y reactivación productiva, en armonía y complementariedad entre zonas rurales y urbanas. Esta revolución debe concretarse a través de la democratización del acceso al agua, tierra, crédito, tecnologías, conocimientos e información, y diversificación de las formas de producción y de propiedad.
- Revolución social, para que, a través de una política social articulada a una política económica incluyente y movilizadora, el Estado garantice los derechos fundamentales. Esta política integral, coherente e integradora es la que ofrece las oportunidades para la inserción socioeconómica y, a la vez, para fortalecer las capacidades de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos de atención prioritaria, con el fin de que ejerzan libremente sus derechos.
- Revolución por la dignidad, soberanía e integración latinoamericana, para mantener una posición clara, digna y soberana en las relaciones internacionales y frente a los organismos multilaterales. Ello permitirá avanzar hacia una verdadera integración con América Latina y el Caribe, así como insertar al país de manera estratégica en el mundo.
Las propuestas contenidas en el Plan
Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, plantean importantes desafíos
técnicos y políticos e innovaciones metodológicas e instrumentales. Sin
embargo, el significado más profundo del Plan está en la ruptura
conceptual que plantean los idearios del Consenso de Washington y con
las aproximaciones más ortodoxas al concepto de desarrollo.
En este sentido, el Buen Vivir, parte de
una larga búsqueda de modos alternativas de vida que han impulsado
particularmente los actores sociales de América Latina durante las
últimas décadas, demandando reivindicaciones frente al modelo económico
neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron
reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces
en los principios y orientaciones del nuevo pacto social.
El Buen Vivir, es por tanto, una apuesta
de cambio que se construye continuamente desde esas reivindicaciones
por reforzar una visión más amplia, que supere los estrechos márgenes
cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo
paradigma económico cuyo fin no se concentre en los procesos de
acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que
promueva una estrategia económica incluyente, sustentable y democrática.
Es decir, una visión que incorpore a los procesos de acumulación y
(re)distribución a los actores que históricamente han sido excluidos de
las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas de
producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a
dicha lógica de mercado.
Asimismo, el Buen Vivir se construye
desde las posiciones que reivindican la revisión y reinterpretación de
la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el
tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo en tanto la
actividad humana realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la
generación (regeneración) natural de los mismos (Guimaraes en Acosta,
2009).
Finalmente, el Buen Vivir se construye
también desde las reivindicaciones por la igualdad y la justicia social,
y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y
de sus culturas, saberes y modos de vida.
Sabiendo que la definición del Buen Vivir
implica estar conscientes de un concepto complejo, vivo, no lineal,
históricamente construido y que por lo tanto estará en constante
resignificación, podemos aventurarnos a sintetizar qué entendemos por
Buen Vivir: «la satisfacción de las necesidades, la consecución de
una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el
florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la
naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen
Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la
emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y
potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo
que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los
territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como
un ser humano universal y particular a la vez— valora como objetivo de
vida deseable (tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún
tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos
obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y
valorarnos unos a otros— entre diversos pero iguales— a fin de que
prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con
ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir
social compartido» (Ramírez; 2008: 387).
Esta ruptura conceptual que proponemos
tiene orientaciones éticas y principios que marcan el camino hacia un
cambio radical para la construcción de una sociedad justa, libre y
democrática. Las orientaciones éticas se expresan en cinco dimensiones:
la justicia social y económica, la justicia democrática y participativa,
la justicia intergeneracional e interpersonal, la justicia
transnacional y la justicia como imparcialidad. A su vez, propone
desafíos que se pueden sintetizar en:
- Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad.
- Reconocer al ser humano como ser gregario que desea vivir en sociedad.
- Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de convivencia.
- Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación de las capacidades humanas.
- Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la naturaleza.
- Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa.
- Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadores.
- Reconstruir lo público.
- Profundizar la construcción de una democracia representativa, participativa y deliberativa.
- Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico.
La
ruptura conceptual con el concepto de desarrollo y el modo de Estado se
plasman en una estrategia de largo plazo que busca construir una
«biópolis eco-turística», cuyo desafío es concretar un nuevo modo de
generación de riqueza y (re)distribución post-petrolera para el Buen
Vivir.
Este nuevo modo define, para la primera fase de su aplicación durante el período 2009-2013, doce estrategias de cambio:
I. Democratización de
los medios de producción, (re)distribución de la riqueza y
diversificación de las formas de propiedad y de organización.
II. Transformación del
patrón de especialización de la economía a través de la sustitución
selectiva de importaciones para el Buen Vivir.
III. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales.
IV. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana.
V. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación.
VI. Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la información.
VII. Cambio de la matriz energética.
VIII. Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía sostenible.
IX. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia.
X. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento al turismo comunitario.
XI. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización.
XII. Poder ciudadano y protagonismo social.
Con estos fundamentos, el Plan aterriza
en lo concreto y propone una lógica de planificación a partir de los
siguientes 12 grandes objetivos nacionales para el Buen Vivir, los
mismos que ya fueron planteados en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2010 y que ahora son actualizados bajo parámetros que se relacionan
con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas propuestas
de acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la
necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco
constitucional.
En consecuencia, los objetivos actualizados del Plan Nacional para el Buen Vivir son:
Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.
Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.
Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.
Este Plan no es concebido como la suma
de partes y elementos dispersos. Tiene una mirada integradora, basada en
un enfoque de derechos que va más allá de la entrada sectorialista
tradicional, y tiene como ejes la sostenibilidad ambiental y las
equidades generacional, intercultural, territorial y de género. La
armonización de lo sectorial con los objetivos nacionales supuso un gran
esfuerzo de coordinación y articulación interestatal para conjugar la
problemática, las políticas y las visiones sectoriales con los grandes
intereses nacionales.
Para propiciar esta articulación, la
formulación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se sustentó
en un proceso de diseño de agendas sectoriales, consideradas como
instrumentos de coordinación y concertación sectorial, las cuales
representan un esfuerzo de definición de políticas, estrategias,
programas y proyectos que ejecuta cada gabinete sectorial de la Función
Ejecutiva. Las agendas y políticas sectoriales brindan coherencia a las
propuestas de gestión pública con respecto a las disposiciones
constitucionales, los objetivos del Buen Vivir y la planificación
operativa, lo que determina un flujo de articulación entre las
orientaciones programáticas de mediano plazo y la gestión institucional
efectiva.
La concertación sectorial no es
suficiente cuando se requiere articular las distintas visiones y
condiciones de los territorios y sus poblaciones, con el objeto de
fortalecer su integración y mejorar las condiciones de vida de las y los
ecuatorianos. Pensar el territorio como el espacio de concreción de la
política pública y, a su vez, a las dinámicas territoriales como
elementos sustantivos para la planificación pública, es una apuesta y
además un gran desafío para el proceso de planificación. Se trata de un
proceso de doble vía, en el que la planificación local alimenta y nutre a
la planificación nacional y viceversa, como parte de un proceso de
construcción de un nuevo tipo de Estado policéntrico. Así, en 2007 el
Ecuador impulsó un Plan Nacional de Desarrollo en el cual la perspectiva
territorial se incorporó a partir de los planes provinciales.
Para el período 2009-2013 la Estrategia
Territorial Nacional constituye una de las principales innovaciones del
Plan en tanto incorpora al ordenamiento territorial e identifica las
principales intervenciones y proyectos estratégicos en los territorios.
También el Plan incluye la desagregación y territorialización de
indicadores que sirven de sustento para el diseño de políticas públicas
en función de la diversidad propia del país.
De igual manera el Plan Nacional para el
Buen Vivir 2009-2013, refuerza la articulación entre la planificación
nacional y territorial al identificar las dinámicas y particularidades
específicas para la formulación de políticas públicas. El proceso de
formulación de agendas para las siete zonas de planificación, permitió
identificar las necesidades de las poblaciones relacionadas a las
cualidades, potencialidades y limitaciones de los territorios, así como
desarrollar una propuesta de modelo territorial en el que se expresan
los lineamientos para el uso del suelo y las intervenciones estratégicas
articuladas a una propuesta nacional.
Todo este nuevo esquema de planificación
nacional también implica un sólido proceso participativo. En este
contexto, la formulación del Plan para el Buen Vivir 2009-2013 responde a
un proceso sostenido de consulta que inició con la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2010. Se caracteriza por la diversidad de
actores que formaron parte del mismo, a través de veedurías ciudadanas a
la ejecución de políticas, grupos focales, consultas ciudadanas, tanto a
nivel nacional como territorial, así como también el diálogo y la
concertación con los actores sociales e institucionales.
Es particularmente importante resaltar la
organización de Talleres de Consulta Ciudadana con énfasis en la
articulación del Plan en los territorios. Estos talleres se realizaron
en Esmeraldas,
Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo,
Cuenca, Loja, Latacunga y Tena; adicionalmente, se realizaron dos
talleres nacionales en Quito y Guayaquil para analizar los alcances a
los objetivos, políticas y lineamientos de acción pública. Por sus
especificidades territoriales, ambientales y culturales, se organizó un
taller en Galápagos, y otro con pueblos y nacionalidades en la ciudad de
Baños. En los talleres participaron más de 4.000 representantes de la
sociedad ecuatoriana organizados en más de 85 mesas de trabajo que
permitieron discutir tanto los objetivos nacionales cuanto las
estrategias territoriales.
Para asegurar la incorporación de los
aportes ciudadanos a los contenidos del Plan Nacional para el Buen Vivir
2009-2013, se diseñó una metodología de facilitación y sistematización
asociada a los lineamientos nacionales. Así, en cada mesa de trabajo se
discutieron las políticas de cada objetivo nacional agrupadas en cada
uno de los componentes de la Estrategia Territorial Nacional. De esta
manera se indujo a la reflexión de las orientaciones nacionales desde
las realidades zonales. Los resultados de los procesos participativos
fueron difundidos a través de las fichas de sistematización de cada
taller publicadas en el sitio web creado para el efecto.
Adicionalmente, se organizaron eventos
masivos en espacios públicos que permitieron la difusión de los
contenidos del Plan Nacional para el Buen Vivir entre la ciudadanía,
realizados en las plazas públicas de las ciudades de Quito, Guayaquil,
Cuenca, Loja y Manta. Como aporte a la discusión sobre prioridades de la
sociedad ecuatoriana, y particularmente de la ciudadanía no organizada,
se aplicaron sondeos de opinión a más de 5.000 personas, con el objeto
de recoger las distintas opiniones de ciudadanos y ciudadanas respecto
al significado del Buen Vivir, así como de acciones relevantes para el
próximo período de gobierno.
El Plan Nacional para el Buen Vivir
2009-2013 se estructura en torno a nueve secciones. La primera de ellas
presenta el proceso de construcción del Plan Nacional, el cual se
caracterizó por su sustento en la Constitución de 2008 y por ser
profundamente democrático y ampliamente participativo. A continuación,
la sección dos despliega las orientaciones éticas y programáticas, las
cuales subyacen y guían el proceso actual de transformación. En tercer
lugar, se muestra el sentido de cambio desde el paradigma del desarrollo
a uno nuevo del Buen Vivir.
La cuarta sección aporta un diagnóstico
crítico sobre los procesos económicos, sociales y políticos que han
caracterizado al país en las últimas décadas, así como una lectura
analítica de los que fueron los primeros 31 meses de gobierno. De la
mano del diagnóstico, se proponen, en la quinta sección, las
transformaciones necesarias para alcanzar, en el mediano plazo, un nuevo
modo de acumulación y (re)distribución para el Buen Vivir. Ello da paso
a una sección en la que se evidencian las 12 estrategias nacionales
para el período 2009-2013; es decir, para la primera fase de la
transformación que propone la quinta sección.
En la séptima sección, se desarrollan los contenidos de los 12 Objetivos Nacionales para el
Buen Vivir, los cuales han sido
actualizados en función de los contenidos constitucionales, los
resultados de la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2009,
las agendas y políticas sectoriales y territoriales, las acciones e
inversiones públicas y los aportes ciudadanos. En los 12 Objetivos
Nacionales se definen políticas y lineamientos de política necesarios
para la consecución de metas que permitan hacer un seguimiento de los
resultados logrados por el
Gobierno. Validadas por las instituciones
ejecutoras, estas metas rompen con las inercias burocráticas e
institucionales, y muestran el compromiso del Gobierno Nacional para
cumplir con su propuesta de transformación.
La octava sección, como una de las
innovaciones más importantes del Plan Nacional para el Buen Vivir
2009-2013, incluye la Estrategia Territorial Nacional, misma que
identifica y territorializa las principales intervenciones y proyectos
estratégicos nacionales. Como anexo complementario a la Estrategia
Territorial Nacional, se incluye una primera versión de las agendas
zonales. Estas agendas constituyen un aporte para un proceso de
discusión ampliado, en el que progresivamente y en función de procesos
de la información y la planificación territorial se brinde sustento para
el diseño de políticas públicas adecuadas a la diversidad propia del
país.
El Plan, en su novena y última sección,
incluye el desarrollo de criterios para la asignación de recursos a
través de la formulación del Plan Plurianual de Inversiones Cabe
resaltar que la planificación y priorización de la inversión pública es
acompañada de un proceso de análisis, validación y jerarquización de
programas y proyectos articulados a las estrategias de mediano plazo y a
las políticas definidas en cada objetivo.
El Plan Nacional para el Buen Vivir es
una herramienta flexible y dinámica, también disponible en formato
magnético, que, además de los contenidos antes descritos, recopila todos
los resultados de la participación en las mesas de consulta ciudadana e
incluye información adicional al propio Plan, con miras a garantizar su
actualización permanente conforme se van formulando políticas
complementarias. Esta herramienta incluye además una opción de
visualización geográfica y desagregación de indicadores a fin de
proporcionar a los gestores de políticas públicas instrumentos que, de
primera mano, les permitan realizar proyecciones de cobertura y ver los
impactos que podrían tener sus programas en el territorio, tomando en
cuenta la sostenibilidad ambiental y las equidades de género,
generacional, intercultural y territorial.
Finalmente, es necesario recalcar que el
Plan Nacional para el Buen Vivir es un primer paso para la construcción
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, que
tiene como finalidad descentralizar y desconcentrar el poder para
construir el Estado Plurinacional e Intercultural. En este afán, y
siguiendo las disposiciones constitucionales, el
Plan Nacional para el Buen Vivir deja
abiertas las puertas e invita a la construcción de 14 Planes de Vida de
los diferentes pueblos y nacionalidades del país, así como a la
elaboración del Plan de la circunscripción territorial especial de la
Amazonía. De la misma forma, y en el marco de sus autonomías, recomienda
a los gobiernos autónomos descentralizados la articulación con este
Plan y la actualización de sus instrumentos de planificación y
prioridades de intervención territorial.
El «Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013»,
ha sido elaborado a través de la orientación técnica y metodológica de
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en
coordinación con los equipos técnicos de los distintos Ministerios y
Secretarías de Estado y sobre todo con los aportes de ciudadanas y
ciudadanos ecuatorianos. La aprobación del Plan en el Consejo Nacional
de Planificación constituye un hito en la aplicación de la Constitución,
así como también para la consolidación de la democracia participativa.